El número de ejecuciones extrajudiciales aumentó considerablemente respecto al año anterior. Entre las víctimas se encontraban trabajadores en favor de los derechos humanos, activistas indígenas, presuntos opositores al gobierno, refugiados que retornaban al país, estudiantes, personalidades académicas, sindicalistas y periodistas. Se produjeron varias muertes como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y de las denominadas «patrullas civiles» (milicias civiles en las que se obliga a servir a los campesinos, en su mayoría indígenas). Se recibieron informes de al menos 30 «desapariciones», así como de torturas, incluidas violaciones. El hostigamiento y la intimidación, hasta llegar a la amenaza de muerte, fueron habituales.
